Ruralidad en Chile y su relación con la maternidad de mujeres en situación de discapacidad

Por Pía Rodríguez Garrido, Investigadora. Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad de O’Higgins, Chile. Millennium Nucleus Studies on Disability and Citizenship (DISCA), Chile. Women, Health and Ethics Study Group, University of Barcelona, Spain. Laboratório de Estudos Sociais sobre o Nascimento, Nascer.pt, Instituto Universitario de Lisboa, Portugal.

La presente reflexión se enmarca en el proyecto Fondecyt Postdoctoral titulado “Mujeres en situación de discapacidad y sus procesos de maternidad (gestación, parto y postparto): experiencias en contextos rurales de Chile” investigación que realizo en la Universidad de O’Higgins de Chile, y que tiene por objetivo analizar cómo se construyen las experiencias de las mujeres con discapacidad en torno a la maternidad y la ruralidad.

Los Estudios sobre la ruralidad en Chile se han establecido, a través de problematizar el modelo de desarrollo y progreso de las comunidades en torno a lo rural. En ese camino han cuestionado la productividad extractivista de los territorios, la dificultad de la población por acceder a mejores condiciones de habitabilidad y bienestar, y los desplazamientos forzados que deben realizar las comunidades por los asentamientos industriales.

En términos conceptuales la definición oficial que utilizan las instituciones de Chile para delimitar las zonas urbanas y rurales es la otorgada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que define las zonas urbanas como aquellas “con más de 2 mil habitantes, o con una población entre 1.001 y 2.000 personas cuando el 50% o más de la población económicamente activa está involucrada en actividades secundarias o terciarias” (INE, 2018). Esta definición ha sido ampliamente cuestionada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ya que se construye desde la definición de lo urbano y comprendiendo lo rural como “residual” de lo urbano (OCDE, 2014).

Hacia la década de los noventa se observó un auge en la producción científica latinoamericana que señalaba las graves repercusiones en materia de bienestar social ocasionadas por la creciente globalización (Arias y Woo, 2007; Giarraca, 2001; Gómez, 2001). Así mismo, el Informe de Desarrollo Humano daba cuenta de las complejidades en torno a la ruralidad chilena y su diversificación territorial (2006). Es así como surge la “nueva ruralidad” como giro epistémico a la manera de concebir lo rural y su relación con las comunidades y territorios (Bustos, Contreras e Insunza, 2021).

Esta conceptualización fue fundamental para reconfigurar la noción de lo rural en Chile, ya que junto al diagnóstico realizado por la OCDE (2014), permitió crear la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) la cual entiende el territorio rural como “aquel que se genera producto de la interrelación dinámica entre las personas, las actividades económicas y los recursos naturales, caracterizado principalmente por un poblamiento cuya densidad poblacional es inferior a 150 (habs./km²), con una población máxima de 50.000 habitantes, cuya unidad básica de organización y referencia es la comuna” (Ministerio de Agricultura-PNDR, 2020, p.2).

En consecuencia, la construcción histórica de la ruralidad en Chile ha tenido profundas implicaciones en las relaciones sociales producto de diversos factores: a) Desarrollo de políticas públicas centralizadas; b) Comprensión residual, atrasada o anticuada de la ruralidad en comparación con lo urbano; c) Dificultad en el acceso a servicios de primera necesidad (salud, vivienda, educación), por mencionar algunas. Estas repercusiones, además de afectar las dinámicas sociales al interior de las comunidades, afectan el entramado familiar y subjetivo de las personas, es así como los pocos estudios internacionales que describen la realidad de las mujeres con discapacidad que habitan la ruralidad, señalan “la ausencia de recursos de socialización, el aislamiento y la soledad [como] la única compañía que tienen las mujeres” (Quezada y Huete, 2017, p.44).

Otros autores afirman que “las múltiples identidades de las mujeres con discapacidad residentes en el ámbito rural requieren de una nueva forma de investigación que ponga en primer plano las desigualdades y la subordinación relacionadas con el género, la discapacidad y la ruralidad” (Don & Ghajarieh, 2015, p.806).

Vinculados a los procesos de maternidad, Sarmiento (2020) refiere que “la situación de las mujeres con discapacidad está invisibilizada por las políticas públicas dirigidas a las zonas rurales” (p.142) añadiendo que “la maternidad se configura como un aliciente [estímulo] para poder enfrentar la adversidad de la precariedad económica” (p.143).

Lo señalado es fundamental para pensar la posición –política y de derecho– de las mujeres en situación de discapacidad y sus procesos de maternidad (gestación, parto y postparto). Ya que la construcción subalterna que les rodea, se evidencia en su omisión desde los colectivos reivindicativos de mujeres (Balza, 2011), en la subvaloración de la maternidad en el contexto social (Vivas, 2019), y en el cuestionamiento del ejercicio de la maternidad por encontrarse en situación de discapacidad (Herrera, 2022).

Respecto a ello, la maternidad ha significado un importante desafío para los colectivos feministas de la discapacidad en materia de demandas y políticas reivindicativas del movimiento, ya que, a pesar de lo estipulado en el artículo 23 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad [CIDPD] (ONU, 2006) que establece el respeto a decidir libremente la cantidad de hijos, el periodo intergenésico y el acceso oportuno a la educación reproductiva y de planificación familiar (ONU, 2006, art.23), no se han podido garantizar estos principios en medidas concretas.

Esta contradicción se evidencia en Chile, a través de la ratificación de diversos acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo la CIDPD en 2008, no obstante, mantiene un marco legal que ampara la esterilización forzada en los casos en que se considera que la mujer en situación de discapacidad no puede dirimir (Casas, Salas y Álvarez, 2016; Yupanqui-Concha, Aranda-Farias y Ferrer-Pérez, 2021).

La institucionalidad se ha transformado en un espacio de disputa constante para las mujeres con discapacidad. La ausencia de discernimiento, la asexualidad y la no reproductividad son premisas arraigadas en el discurso institucional que vulneran los derechos sexuales y reproductivos e impiden el ejercicio autónomo de la maternidad. Respecto a ello, no existen estadísticas nacionales sobre tratos –verbales, físicos o psicológicos– que reciben mujeres gestantes y puérperas con discapacidad durante la atención médica, sin embargo, es frecuente encontrar experiencias negativas y descripciones de malos tratos asociados a estos procesos (Gomiz, 2016; Herrera, 2022; Peláez-Narváez, Martínez-Ríos y Leonhardt-Gallego, 2009). Aunque la producción científica es escasa, destaca un estudio realizado en Reino Unido e Irlanda donde el 56% de las participantes con discapacidad señaló no sentirse respetada ni adecuadamente atendida por el personal de salud (Hall et al., 2018).

Respecto a estudios que aborden los procesos de maternidad de mujeres con discapacidad en contextos rurales, destacan investigaciones en España (Otaola, 2021), Camboya (Devkota et al., 2018), Nepal (Gartrell, Baesel & Becker, 2017), Estados Unidos (Taub, McLorg & Bartnick, 2009), y en Chile, la tesis de postgrado de Carolina Sarmiento (2020) realizada en la región de Ñuble, junto al reciente artículo publicado por Rodríguez-Garrido y Pino-Morán sobre un estudio de caso de la región de O’Higgins (2023). Sin embargo, es más bien escasa la producción científica que incorpore la ruralidad como dimensión de análisis en las investigaciones. Esto manifiesta el vacío de estudios que abordan la realidad de las mujeres con discapacidad y sus procesos de maternidad en contextos rurales de Chile.